Decreto número 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la administración pública. El decreto busca facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, promoviendo la buena fe, la libertad económica y la eficacia administrativa, y prohibiendo la exigencia de documentos autenticados salvo en casos de seguridad social y pensiones.